Una de las reformas que más polémica ha generado durante la presente legislatura ha sido aprobada. No es necesario el consenso, ya que el partido en el gobierno goza de una amplia mayoría parlamentaria, pero ha de entenderse que existen determinadas cuestiones que, por afectar a los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho, han de plantearse sobre la base del acuerdo y del entendimiento, toda vez que no podemos olvidar que el término “legal” no siempre lleva aparejado el de “legítimo” (Economía y sociedad, Max Weber).
La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial supone un ataque a la separación de poderes, porque de la misma se derivan peligrosas consecuencias para la independencia judicial pues se sustrae al Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces) su poder de forma que quedará bajo la sombra omnipresente del poder político. Con esta ley, y sin que apenas nos hayamos dado cuenta, nuestra joven democracia se ha hecho un poquito más pequeña.
Un saludo, Noemí.
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